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domingo, 12 de mayo de 2013
Moción que IU presentará en el Ayuntamiento sobre la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación. Todos estos recortes han ahondado en la política de deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 80.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor o el transporte escolar).
La inversión pública educativa en España ha descendido en casi 8.000 millones de euros en estos últimos años y en 2015 el PP se ha comprometido a recortarla hasta el 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 situándonos a la cola de la OCDE y la UE.
Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), una reforma que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad.
Es una reforma IMPUESTA: sin un diagnóstico compartido, sin debate previo y de espaldas a la comunidad educativa. Se plantea SIN RECURSOS: en medio de brutales recortes que degradan la calidad educativa y atentan contra su equidad. Tiene un marcado enfoque MERCANTILISTA: supedita la educación a intereses economicistas, anteponiendo las necesidades de los mercados a la formación integral, suprimiendo materias y contenidos poco “útiles” para el mercado. Es una reforma PRIVATIZADORA: incluye a las empresas como parte del Sistema Educativo, permite crear centros privados con recursos públicos y otorga un papel subsidiario a la escuela pública. Es una reforma SEGREGADORA: restaura itinerarios segregadores desde los 13 años, devalúa la FP y convierte la educación en carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes.
Es una reforma ANTIDEMOCRÁTICA: suprime competencias de la comunidad educativa en la gestión de centros y opta por una dirección unipersonal nombrada por la administración. Es una reforma COMPETITIVA: promueve la competitividad entre los centros y su especialización, estableciendo clasificaciones según resultados o ranking, que servirán para obtener mayor financiación. Es una reforma ADOCTRINADORA: potencia la enseñanza de la religión e impone una alternativa “dura y evaluable” al gusto de la jerarquía católica.
Es una reforma SEXISTA: permite la enseñanza separada por sexos asegurando financiación pública a centros que la practican. Es una reforma RECENTRALIZADORA: menosprecia la diversidad lingüística y cultural de las CCAA, impone la mayor parte de los contenidos curriculares, menosprecia y desconfía del profesorado.
Los principales cambios que introduce esta reforma responden a un pensamiento clasista y segregador. Viejas recetas que no han dado los resultados “esperables” en aquellos países donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando de plano. No sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado apostando por la segregación del alumnado, por expulsar al alumnado con dificultades del sistema educativo, por reducir la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y por consolidar dos redes de centros educativos, financiadas con dinero público, pero dirigidas a un alumnado bien diferenciado: los centros públicos como red asistencial, dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población; y los centros privados concertados, con capacidad para seleccionar a su alumnado.
IZQUIERDA UNIDA considera que las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema educativo tienen que ir en la dirección de ofrecer una educación de calidad para todos, tanto de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje como de quienes tienen mayor capacidad y motivación para aprender.
Un sistema educativo de calidad debe asumir el compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado, sea cual sea su origen social o procedencia y su situación de partida, sin segregar ni limitar sus posibilidades futuras. Más educación y mejor educación para todos: éste es el camino a seguir.
Para ello, es preciso una educación PÚBLICA, de titularidad y gestión pública, que garantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y contribuya al éxito escolar de todo el alumnado. Una educación LAICA que respete la libertad de conciencia y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Ello exige derogar los acuerdos con el Vaticano y otras religiones, sacar YA la religión del horario lectivo y suprimir la simbología religiosa de los centros escolares.
Una educación PERSONALIZADA, INTEGRAL E INCLUSIVA, que reduzca la ratio de estudiantes por grupo y potencie la tutoría y la orientación educativa, con un currículo y una organización pensados para atender mejor a la diversidad del alumnado y formar ciudadanos críticos y capacitados para cooperar en la construcción de un mundo mejor y más justo. Una educación en IGUALDAD que fomente la coeducación y no segregue por razón de sexo ni de orientación sexual ni por ninguna otra característica de índole personal o cultural. Una educación DEMOCRÁTICA que potencie la participación de toda la comunidad educativa en la gestión y funcionamiento de los centros y distritos escolares.
Una educación que MOTIVE AL PROFESORADO, reconociendo y confiando en su labor, acordando sus condiciones de trabajo y mejorando su formación inicial y permanente. Una educación con FINANCIACIÓN pública suficiente, garantizada por Ley, que se blinde frente a recortes, que alcance la media europea en PIB y asegure un sistema integral de becas, así como la gratuidad de materiales didácticos, comedor y transporte escolar en la enseñanza obligatoria.
Por ello IZQUIERDA UNIDA une su voz a la gran mayoría de la comunidad educativa para EXIGIR la RETIRADA del proyecto de LOMCE, que se promueva un amplio DEBATE PÚBLICO, con participación de expertos y de todos los sectores del ámbito escolar, para alcanzar un DIAGNÓSTICO COMPARTIDO sobre las causas de los principales problemas de nuestro sistema educativo y plantear MEDIDAS CONCRETAS con RECURSOS SUFICIENTES que sirvan para extender y mejorar nuestra EDUCACIÓN PÚBLICA.
Por ello, el Grupo Municipal de ……………………………….. eleva al Pleno esta Moción
proponiendo el siguiente acuerdo:
1. Exigir la dimisión del Ministro Wert, que está desmantelando el sistema educativo público, del cual debería ser garante y firme defensor
2. Exigir que el Gobierno y la Comunidad Autónoma, en vez de recortar en educación, destinen un “rescate” similar a educación como están destinando a rescatar a los bancos y grandes grupos financieros,
aumentando los Presupuestos para Educación Pública en los PGE y en los Presupuestos Autonómicos a la media europea, el 7% del PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior.
3. Exigir la retirada inmediata el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) por ser una reforma segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social.
4. Exigir al gobierno central debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido con toda la comunidad educativa y las fuerzas políticas y sociales sobre la situación real de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas que aporten su formación en la construcción de un mundo más justo y mejor.
5. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.
Moción que IU presentará en los plenos contra los desahucios.
D. ______________________ Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de ___________ viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Por otra parte, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los Estados Partes "reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.
El artículo 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Igualmente, exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.
Nuestra Carta Magna configura el derecho a la vivienda como un principio rector de la política social y económica, de tal forma que su contenido prestacional exige la actuación positiva de todos los poderes públicos con competencias en la materia, incluyendo a la Administración Local.
La actual situación económica ha tenido entre una de sus más graves consecuencias, la destrucción de un gran número de empleos. Esta situación, agravada en nuestro país por la explosión de la burbuja inmobiliaria, es especialmente dramática en nuestra Comunidad Autónoma. Ello ha provocado que numerosas familias no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de las rentas de arrendamiento o, en su caso, de los préstamos o créditos hipotecarios celebrados para adquirir su vivienda, siendo doblemente castigadas por dicha crisis financiera, al perder no solo sus empleos sino también sus casas.
Ante esta situación las Administraciones no pueden permanecer impasibles y deben realizar cuantas actuaciones sean necesarias y tengan a su alcance para dar amparo a los ciudadanos, al objeto de hacer efectivo el derecho a una vivienda.
A ello debemos unir la idea directriz de la debilidad del consumidor en el mercado, que obliga a los poderes públicos a buscar restablecer, en lo posible, el equilibrio en las relaciones de consumo entre las entidades financieras y sus clientes, lo que se ha consagrado en nuestro ordenamiento jurídico como el principio “pro consumidor”.
En este sentido, desde las comunidades autónomas y desde los Ayuntamientos se deben poner en funcionamiento programas en defensa de la vivienda, para el asesoramiento, la intermediación y protección de las familias afectadas por la crisis económica y que se encuentren en riesgo de ser privadas de su residencia habitual y permanente.
Más allá de las medidas estatales y autonómicas, los Ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, y conocedores de los problemas, necesidades y demandas de sus vecinos, pueden incidir en atenuar la preocupante situación de desamparo en las que se encuentran miles de familias, asfixiadas por una situación laboral insostenible y por unas hipotecas inasumibles en tiempo de crisis, con seis millones de parados y casi dos millones de hogares que no tienen ingreso alguno.
Este Ayuntamiento no puede permanecer ajeno a este drama que afecta a muchos de sus vecinos y vecinas y debe actuar sobre las personas y familias amenazadas de desahucios, adoptando a nivel municipal los siguientes
ACUERDOS
1 El Excmo. Ayuntamiento de ________________________, procederá a modificar con carácter de urgencia la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana añadiendo al artículo _____, apartado ___, el siguiente párrafo con la letra _______:
“En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto- Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas”.
(De conformidad con el Real Decreto 6/2012, de 9 de Mayo, artículo 9 de “Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.)
2 Instar a la Comunidad Autónoma a que en el marco de sus competencias, garantice la función social de la vivienda y establezca un censo de viviendas deshabitadas, para en su caso, sancionar las viviendas que estén en manos de personas jurídicas y fomentar el alquiler de aquellas viviendas que estén en manos de personas físicas, con la idea de fomentar el acceso a la vivienda desde el alquiler.
3 Instar al Gobierno de España a adoptar la paralización de los desahucios tal y como se contemplaba en la ILP; a que las viviendas del SAREB pasen a ser gestionadas por las administraciones públicas autonómicas para el alquiler; a que no apruebe el desahucio expréss del alquiler, y a que se haga una quita en la deuda de las familias hipotecadas tal y como se ha hecho con los balances bancarios tras el estallido de a burbuja inmobiliaria.
4 El Ayuntamiento de ________________________, en el ámbito de su organización y estructura y en el marco de sus competencias en las materias de vivienda, consumo y servicios sociales, colaborará con la Administración Autonómica en el desarrollo de los programas destinados a solucionar los problemas de familias desahuciadas, comprometiendo los recursos humanos y los medios materiales que determine para la resolución de los conflictos que tengan los residentes de su término municipal en relación con su residencia habitual y permanente.
5 El Ayuntamiento de__________________ procederá a la revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual. Serán destinatarios de la colaboración administrativa los ciudadanos y ciudadanas que necesiten el asesoramiento, la intermediación y, en su caso, la protección adecuadas para prevenir la pérdida de su residencia habitual y permanente.
6 El Ayuntamiento de _________________se compromete, a través de sus servicios sociales y previa solicitud motivada de la Consejería de Vivienda (denominación que proceda) de la ______________(CA), a realizar los informes necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a ____días, la situación social y económica de las personas destinatarias de, en su caso, la colaboración interadministrativa, al objeto de determinar si la misma está en riesgo de exclusión social.
7 No poner ni un solo policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio.
8 Interpelar a las entidades financieras que operan en la ciudad para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de las deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria.
9 Ningún desahucio en vivienda protegida pública.
10 Crear una bolsa de vivienda protegida pública y otra privada para alquiler social a personas y familias en riesgo de exclusión social.
11 El Ayuntamiento de _______________, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, en el marco del ejercicio de sus funciones, prestará el asesoramiento que los ciudadanos y ciudadanas necesiten sobre los problemas económicos que padecen en relación a su residencia habitual y permanente. Asimismo dará difusión de sus actuaciones, al objeto de conseguir un mejor conocimiento sobre los derechos y obligaciones que tienen los residentes en su término municipal en relación a su vivienda.
12 El Ayuntamiento de_________________, y en su caso, en colaboración con la Consejería de Vivienda (denominación que proceda) de la __________________(CA), se compromete a propiciar el realojo provisional en una vivienda de su titularidad o de sus entes instrumentales, en régimen de arrendamiento y siempre que tengan viviendas desocupadas, de las personas que hayan sido privadas del uso y disfrute de la vivienda habitual y permanente por razón del desahucio o lanzamiento por ejecución hipotecaria en virtud de resolución judicial, se encuentren en situación de riesgo de exclusión social y así se determine, si procede, por la Consejería de Fomento y Vivienda.
13 El Ayuntamiento de_______________ facilitará a la Delegación Territorial de la Consejería de Vivienda (denominación que proceda) de la _____________(CA) la información que le sea solicitada dimanante del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, al objeto de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual de su residencia habitual y permanente, con sujeción a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y la normativa sectorial aplicable.
14 El Ayuntamiento de_______________ se compromete a apoyar institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa del derecho a la vivienda se organicen para la consecución de evitar y/o paliar el dramático problema de desahucios (Paralización de desahucios, dación en pago, alquiler social, reforma Ley Hipotecaria, reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil...)
15 Se constituirá una Comisión de Seguimiento al objeto de dar respuesta a las cuestiones que se susciten con el desarrollo de los acuerdos recogidos en esta Moción. Estará compuesta por un representante de cada grupo municipal con representación en el Ayuntamiento.
En _____________, a 20 de abril del 2013
Fdo.: ____________
OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE
Tenemos que salir del Euro, volver a nuestra moneda, devaluar la peseta y hacer una quita a la deuda pública. Este Euro no es el nuestro, no tiene ni paridad con el dólar, lo que nos quita posibilidad de crecimiento y de productividad, es una moneda para un grupo reducido de la Eurozona, para especuladores y defraudadores.
Con un Banco de España y nuestra moneda podríamos volver a subir salarios, a subir el consumo y reactivar nuestra economía, la depresión duraría menos de dos años y gracias a una peseta barata para las exportaciones y el turismo volveríamos a ser un país independiente y con un crecimiento del que nunca tendríamos que haber salido.
La eurozona solo permite que unas políticas neoliberales destruyan nuestro estado y vendan todas nuestras riquezas a precio de saldos a unas multinacionales que se llevan el dinero a paraísos fiscales, robando a la hacienda pública y haciendo recaer todo el peso de ese agujero a los ciudadan@s. Además la deuda pública es el timo de trasvasar dinero público a bolsillos privados.
Tienen que ir a la cárcel todos los corruptos y sus corruptores, los grandes defraudadores, los banqueros avariciosos, los políticos consentidores y sus cortes financieras.
Con este tipo de economía neoliberal no hay clemencia con los más afectados por esta crisis (estafa), con los niños, los enfermos, los jóvenes, los padres de familia, los discapacitados, los ancianos. Se están cebando con nosotros, vendiendo su alma al mejor postor. El Partido popular que decía que iba a arreglarlo todo nada más llegar al poder, resulta que no sabe arreglar lo que sabía que no iba a poder arreglar. Lo que querían era llegar al poder, como un fin en sí mismo, sin importar tener que mentir e incumplir su programa electoral, que no pensaban cumplir.
Nos quitaron el dinero, luego el trabajo, para después ir a por nuestras casas, ahora quieren quitarnos la esperanza, esto es el asesinato de la ciudadanía en capítulos.
Son más de 6 millones de razones para que el gobierno dimita en pleno, se disuelvan las cortes y se convoquen nuevas elecciones.
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