En el Consejo de Ministros del viernes 15 de febrero
el Gobierno del Partido
Popular presentó un informe sobre el anteproyecto de la llamada
eufemísticamente “Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local”. Se trata de una reforma de la Administración Local que
no es tal reforma, sino una verdadera demolición de los poderes democráticos locales. ES UNA LEY ANTIAYUNTAMIENTOS. LEY QUE QUITA
ALCALDES
PARA PONER CACIQUES:
1. Esta reforma supone el desmantelamiento
de la democracia local:
ñ La reforma implica la recentralización y el control de lo local por parte
del Gobierno central.
ñ Ataca a las competencias y a la autonomía política
de los municipios volviendo a
modelos preconstitucionales.
ñ Elimina el poder de lo más cercano,
alejando a la ciudadanía de la
gestión de lo público, fortalece
la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige
más
participación,
más
democracia y más transparencia.
ñ El Gobierno central pretende
más
tutelaje,
menos
democracia
y
menos participación en los asuntos públicos.
ñ La reforma plantea el tutelaje
de
una
administración
sobre
otra.
Ignora las competencias autonómicas sobre régimen
local definidas en los
Estatutos Autonómicos y desprecia
a los Ayuntamientos como
parte del Estado en pie de igualdad con las demás.
ñ Hablan de clarificación de competencias cuando lo que quieren decir es reducción a la mínima expresión
de la Administración Local.
ñ Entra en conflicto
con Estatutos de Autonomía, unas Leyes
Orgánicas
que forman
parte
del
bloque
constitucional
y
que
ya
definen
las
competencias propias de los municipios,
mucho
más
numerosas
y
más sociales que las que plantea. Posible conflicto de competencias al Tribunal Constitucional.
ñ Es un ataque
a la descentralización que plantean
los Estatutos de Autonomía, como el de Andalucía, con profundo sentido
municipalista.
ñ
Hablan de eliminar
duplicidades y competencias impropias, pero lo que hace es eliminar competencias propias
de
los
municipios
en
aspectos tan relevantes como educación,
salud
o
servicios
sociales
para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación.
ñ Los municipios quedan degradados a las políticas
que dictan otros. Se
supedita su actividad al control de los Ministerios.
ñ Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local.
ñ Pretenden recentralizar el funcionariado
de la adminitración local.
Los interventores tendrán
control económico-financiero dependiente directamente del Estado
central.
ñ La recentralización representa
en
vez
de
fiscalización
democrática
interna fiscalización burocrática externa.
ñ Afecta en mayor o menor grado a la totalidad
de los 8.116 municipios españoles: Es particularmente dura con los 6.802 municipios
de menos
de
5.000 que podrían llegar a ser intervenidos unilateralmente.
ñ Los 7.717 municipios
menores de 20.000 habitantes podrán perder gran
parte de sus competencias a favor de las diputaciones.
ñ Los 4.873 municipios menores de 1.000 habitantes, con alcaldes no retribuidos, se retrotraerán a la época
franquista con ediles
caciques que dispongan de tiempo.
ñ Se estima que se verán afectados más de 400.000 puestos de trabajo
en todo el país
a consecuencia de la pérdida
de competencias y las
privatizaciones.
ñ Hablan de limitación de remuneraciones al 82% de cargos públicos cuando esa ausencia de remuneración ya existe
en esos porcentajes;
lo demuestra que ese ahorro sólo sería un 2% del total.
ñ En su defensa de la Reforma el PP se centra de discurso populista
en la supuesta reducción de cargos
públicos
con
dedicación
exclusiva
intentando ocultar el impulso a la privatización
de
los
servicios
públicos municipales y la desactivación de la democracia y la
autonomía local.
2. Ésta es la reforma
de la privatización de los servicios públicos
municipales:
ñ Con la reforma
los instrumentos financieros se convierten en el medio para recortar lo público y los
derechos en vez de para potenciarlos.
ñ El informe sobre el Anteproyecto de Ley deja clara la intención literal
de favorecer “la iniciativa económica privada” y “ajustarse
a los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finaciera reconocidos por la
Constitución en su artículo 135”. Artículo 135 que prima el pago de la
deuda sobre cualquier consideración política
o social y que es la base de
toda la reforma normativa que está sufriendo la población.
ñ Hablan de eliminar duplicidades cuando
lo
que
quieren
decir
es desmantelamiento y privatización de
servicios públicos,
ñ Ningún dato avala
el cumplimiento del supuesto ahorro
neto de 7.129 millones de euros que plantea entre 2013 y 2015, a no ser con el coste de
Argumentarios IU / 2
recortes en forma
de competencias, recursos, eliminación de servicios, ejercicio de derechos y
destrucción de empleo.
3. La
respuesta
a
esta
reforma
debe
venir
desde
la
rebeldía democrática:
ñ Nuestra defensa de la democracia participativa debe reivindicar el papel central de la democracia local para la vida pública y los derechos. Porque menos democracia local es menos
democracia.
ñ Planteamos:
ñ La necesidad de una ley de financiación local que defina competencias y financiación incondicionada sobre
la
base
del
mantenimiento de competencias en el ámbito social
ñ La defensa de
las
competencias establecidas por
los
respectivos
Estatutos de Autonomía.
ñ Eliminar las Diputaciones Provinciales y establecer
las
transferencias
patrimoniales y competenciales a las comarcas o municipios.
ñ
Toda ley que afecte a una parte del Estado debe negociarse con la otra como son los Ayuntamientos, cosa que
el
PP
no
ha
hecho,
y
las
Comunidades Autónomas, que tienen las competencias exclusivas sobre el régimen local.
ñ Defendemos una respuesta de rebeldía democrática frente al
desmantelamiento de la
democracia local
y
los
servicios públicos municipales.
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